Justicia fiscal y justicia educativa dos caras de la misma moneda

Miércoles 03, Octubre 2018

La educación es un "derecho de derechos", una de las vías de ruptura del circuito reproductivo de la pobreza. La justicia educativa significa la distribución justa del ingreso y los recursos de modo que los y las estudiantes tengan una buena educación. En este aspecto sólo se puede pensar en eficiencia de lo que se denomina “gasto público” en educación si se garantizan derechos y el cumplimiento de las metas consensuadas entre los actores del sistema educativo, sindicatos y las organizaciones sociales pertinentes.

 

La meta 1 enunciada para el ODS4 -Objetivo para el Desarrollo Sustentable de educación- propone que, para el año 2030, todas las personas terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces.

 

Sin embargo, los datos actuales demuestran que las brechas de desigualdad continúan siendo muy grandes y requieren una planificación detallada que dé cuenta de las estrategias que cada gobierno dará para cumplir con los compromisos asumidos.

 

Para hacer cambios reales, es necesario llevar a cabo cambios estructurales: reformas fiscales que permitan cobrar más impuestos a los que más tienen y distribuir esa renta en los sectores más pobres. Esto supone un proyecto de sociedad, de país donde una educación justa debe estar en consonancia con la construcción de una sociedad justa.

 

Los países en desarrollo pierden importantes sumas de dinero debido a la evasión de impuestos. Según estimaciones del FMI, los países que no pertenecen a la OCDE pierden 200 mil millones de dólares al año debido a la transferencia de ganancias de las compañías hacia paraísos fiscales. Si el 20 por ciento de este monto estuviera destinado a la educación, sería suficiente para cubrir la falta de recursos a nivel global y alcanzar la educación para todos y todas.

 

En esa misma línea, la evasión y elusión fiscal por parte de las grandes multinacionales supone para los países pobres dejar de percibir al menos 100.000 millones de dólares cada año en impuestos, cantidad suficiente para garantizar el acceso a la educación para 124 millones de niños y niñas fuera de la escuela.

 

Debemos preguntarnos por los mecanismos que permiten alcanzar la regulación fiscal y financiera a nivel global, que de no existir o ser “débiles” socavan los presupuestos públicos profundizando la desigualdad. Por ello, no podemos escindir del discurso sobre las políticas públicas inclusivas la pregunta por su financiamiento.